Ejecución fiscal y principio de tutela judicial efectiva

Por Adriana Rodríguez de López Mirau

“Constituciones Provinciales, Cartas Orgánicas y leyes fiscales facultan en nuestro país a las administraciones, con distinto alcance, a cobrar judicialmente las rentas impagas. Los tribunales con competencia para entender en los procesos ejecutivos iniciados como consecuencia de dichas atribuciones no mantienen igual criterio al momento de valorar un “certificado de deuda” presentado como título ejecutivo. Surge la inquietud de indagar por dónde discurren tanto la actividad judicial dinámica, que supone la profundización en lo social y democrático, como el imprescindible respeto por la norma vigente como garantía de seguridad propia del debido proceso y, en consecuencia, como presupuesto del derecho de defensa de los litigantes, incluida la propia Administración. La consideración de elementos como prerrogativas estatales, defensa del administrado y confianza legítima o buena fe, lleva a afirmar que si el más moderno concepto de Estado se busca en un Estado “responsable” frente al Estado “limitado” en los juicios de ejecución fiscal -en los que el sujeto activo es la Administración-, la verificación del cumplimiento de los procedimientos administrativos diseñados para actuar de modo previo a la acción judicial es inexcusable.”

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Términos mencionados en esta doctrina: estado, judicial, fiscales, confianza.